Número 17 / Domingo 11 de Febrero de 1996
No es justo. Decimos que el abuelo o la abuela (o los
suegros, o los propios padres) son un problema, cuando
lo que sucede es que tienen un problema -la vejez
lo es, se mire como se mire- y no pueden, por sí
solos, enfrentarse a él. No necesitan lástima,
ni reflexiones hipócritas sobre lo mucho que
nos han dado o lo bien que convivían antaño
unas generaciones con otras, sino soluciones.
Comodidad, ante todo.
A pesar de las facilidades que las Administraciones
vienen prestando a los ancianos en materia de asistencia
social y domiciliaria, tranquilidad y comodidad están,
en principio, más garantizadas en una residencia
de ancianos (pública o privada) que en el piso
propio, por más que uno sienta abandonar las
cuatro paredes de su alma. Las residencias -sobre todo
las más modernas- están pensadas con
criterios ergonómicos ad hoc , es decir, todos
sus elementos, escaleras, cuartos de baño, ascensores,
comedores, peluquería, enfermería, etc.,
tienen las formas y tamaños más adecuados
para los potenciales usuarios (en estos momentos, y
en España, hay unos seis millones y medio de
jubilados).
<<Asistencia sí, lujos no>>, podría
ser el eslogan de las residencias públicas,
a las que se ha llamado durante años <<del
seguro>> y, más recientemente, <<del
Inserso>>. Sin embargo, desde el 1(o) de enero
de este año, tampoco son ya competencia de este
organismo, sino de las correspondientes Comunidades
Autónomas.
Que las ciudades son cada vez más grandes y las
casas cada vez más pequeñas es una verdad
sólida como las piedras, y lamentablemente irreversible.
Pero es que, además, sucede que vivimos -ellos
y nosotros- en mundos distintos. El nuestro se llama
futuro y a él dedicamos el cien por cien de
los afanes (trabajar, ahorrar, estudiar, progresar,
hacer planes). El de ellos se llama día a día.
Cuanto más cómodo y placentero les resulte,
más habremos acertado en la solución.
¿ Qué significan para un anciano comodidad y placer?
Pues cosas que ni se nos pasan por la mente a los veinticinco
años o a los cuarenta. La sonda gástrica
bien puesta, las pastillas y el oxígeno a su
hora, la comida sin sal... No, no se estremezca. Usted
también necesitará, en su día,
que alguien le sujete en la ducha o le cambie el suero.
Y mal asunto si no lo necesita. Significará
que algún mal catarro, o sabe Dios qué
tropiezo, le habrán barrido tempranamente de
este mundo y habrán liberado a su familia de
visitarle los domingos en <<la resi>>.
Por si acaso, y si es usted de los que duran y duran,
vaya pensando (mientras busca soluciones para sus padres,
suegros, abuelos, etc.) en su propia edad dorada.
Sólo en tres Comunidades, La Rioja, Baleares
y Castilla la Mancha, sigue aún el Inserso ocupándose
de este tipo de centros: en las dos primeras porque
aún están pendientes de que termine de
formalizarse el traspaso de competencias y, en la última,
porque la gestión se ha transferido de derecho,
pero no de hecho. También los ayuntamientos
gestionan algunas residencias, pero su número
es muy escaso y es difícil conseguir una plaza
en alguna de ellas.
Hay algo muy importante que no debemos olvidar: residencia
pública no significa gratuita. Los residentes
han de pagar por su plaza el 75% de su pensión,
sea o no contributiva (los ancianos tienen en ambos
casos derechos idénticos).
Burocracia.
Las residencias públicas son caras (para la Administración,
que las gestiona, y para los contribuyentes, que las
pagamos).
Fuentes de la Federación Nacional de Residencias
Privadas para la Tercera Edad aseguran que al Estado
le cuestan las Residencias Públicas más
de 15.000 pesetas por cama y día, cuando su
valor real es de unas 5.800: exactamente el precio
cama/día que cobran, también al Estado,
los centros privados/concertados ?Por qué esta
diferencia? Por lo de siempre: mala gestión,
burocracia excesiva, exceso de personal... Las mismas
fuentes afirman que existe en estos centros un absentismo
laboral cercano al 33% y que, en consecuencia, los
responsables de cada residencia necesitan, por si las
moscas, contratar a personal de sobra.
A usted le interesa saber que para elegir una residencia
pública conviene informarse sobre los medios
humanos y técnicos con que cuenta. Además
de los datos oficiales que pueda recabar, no está
de más hablar con familiares de residentes.
Y no con uno, sino con varios. Porque también
es frecuente la soledad, la falta de adaptación
al nuevo entorno y los achaques lógicos de la
vejez lleven a algunos ancianos a mostrar todo tipo
de quejas ajenas al funcionamiento del centro.
Según el sueldo.
Hasta hace relativamente muy poco, los jubilados con
una renta media lo tenían más difícil
que sus vecinos de arriba o de abajo porque, gracias
a lo que los expertos denominan el efecto sandwich
(emparedado), la Administración terminaba marginando
abiertamente a los pensionistas que cobraban más
en favor de los que tenían rentas más
bajas. Pero cobrar algo más que el mínimo
no significa cobrar mucho, de modo que tampoco podían
estos pensionistas medianos permitirse el lujo de
una residencia privada. Para evitar esta marginación,
los responsables del Inserso (cuando aún tenían
esta competencia en su poder) cambiaron de baremo y
decidieron valorar, como prioridad, las necesidades
asistenciales de los ancianos.
¿Válidos o asistidos?
A mayor dependencia de terceros (parálisis, alzheimer,
etc..), más posibilidades de conseguir la codiciada
plaza en una residencia pública.
En líneas generales, las residencias pueden ser,
según el grado de dependencia de los usuarios,
para válidos (equipadas sólo para acoger
a personas capaces -física y mentalmente-
de realizar tareas cotidianas sin la ayuda de terceros);
para asistidos (todo lo contrario; equipadas para
acoger a personas incapacitadas que necesitan el cuidado
y la vigilancia de terceros) y mixtas (acogen a los
dos grupos). Esta división es fundamental, tanto
para los usuarios a la hora de solicitar su cama, como
para los empresarios y gestores de residencias -públicas
y privadas- ante la necesidad de analizar los costes.
Así, por ejemplo, mientras que los válidos
necesitan una vigilancia moderada (una persona por
cada cuatro o cinco residentes) los asistidos necesitan
casi el doble (como mínimo, una persona por
cada tres) y mientras que la superficie mínima
requerida para válidos -según la última
normativa de la C.A.M., reguladora del sector en Madrid-
es de 5 metros cuadrados por persona (en las zonas
de uso individual), la superficie que necesitan los
asistidos es de 7,5 metros cuadrados. De todos modos,
se está estudiando una nueva catalogación
que contemple diez categorías distintas de validez,
desde los ancianos plenamente capaces a los absolutamente
discapacitados . La ley determina que sólo los
ancianos con enfermedades crónicas o infecto-contagiosas
(necesitados, por tanto, de asistencia hospitalaria)
no pueden ingresar en una residencia.
Se acabaron los problemas. O casi. Si ya se ha decidido
por una residencia de pago, y si tiene claro qué
tipo de residencia necesita (válidos o asistidos)
y dónde la necesita (qué barrio o ciudad),
lo único que debe preocuparle a partir de este
momento es, primero, que no existan dudas sobre su
legalidad, solvencia y seriedad; y, segundo, que no
le cueste a usted un riñón.
¿Y cuánto es un riñón, se preguntará?
Depende. Una residencia ubicada en Madrid es más
cara que otra situada en una provincia pequeña,
y ésta, a su vez, es más cara que otra
situada fuera de un entorno urbano (por ejemplo, en
el campo o la montaña).
Grandes capitales, como Madrid o Barcelona, y barrios
residenciales, como La Moraleja o Pedralbes, son sinónimo
de residencias caras (de 300.000 a 400.000 pesetas
por persona al mes, en habitación individual),
mientras que ciertas renuncias (por ejemplo, una habitación
compartida en esta misma residencia) implican un coste
más moderado (en este caso, exactamente la mitad:
150.000/200.000 pesetas al mes).
Favor y negocio.
En España hay 2.000 residencias privadas de la
tercera edad divididas globalmente en <<con>>
y <<sin>> ánimo de lucro. Unas 1.100,
entre las primeras, están federadas (pertenecen
a la Federación Nacional) y el pequeño
grupo formado por las segundas -sin cuantificar- pertenece
a órdenes religiosas ( o a las Organizaciones
No Gubernamentales) y se financia con legados y donativos
(más el porcentaje a obras benéficas
procedente de los impuestos).
Amplias, modernas y luminosas -en general-, las residencias
privadas han ido floreciendo como negocio en un espacio
de tiempo relativamente corto (entre ocho y diez años)
pero arrastran también sus propios problemas.
Uno de los más importantes es la piratería
(residencias ilegales) y otro, relacionado estrechamente
con el primero, la falta de catalogación, es
decir, la falta de un método clasificador propio,
similar a las estrellas en los hoteles o a los tenedores
en los restaurantes. Ésta es la gran asignatura
pendiente de las residencias privadas.
Son frecuentes las noticias sobre desmantelamiento de
residencias piratas en distintas ciudades españolas.
Pero da la impresión de que se descubren sólo
cuando surge alguna desgracia sanitaria.
Legalidad.
Es una condición imprescindible, tanto para el
bienestar del usuario como para la tranquilidad de
los familiares. Las residencias ilegales (piratas)
cuestan menos -aunque no mucho menos, que quede claro-
pero acaban saliendo carísimas porque, antes
o después, tendrá usted que verse metido
en pleitos.
Así pues, huya de las residencias clandestinas
-instaladas habitualmente en pisos pequeños
con escasa o nula vigilancia médica- y busque
siempre el documento de autorización administrativa
emitido por la Comunidad Autónoma correspondiente
(en concreto por la Consejería de Salud, Integración,
Bienestar, o como se denomine en cada caso).
Este documento debe estar expuesto en un sitio visible
del vestíbulo o la oficina pero, si no fuera
así, pídaselo al director del centro.
Sin ese documento, la residencia es ilegal. (También
es una garantía de legalidad y seriedad que
el centro pertenezca a la federación nacional).
Documentos .
El contrato es otro requisito imprescindible para identificar
la legalidad de un centro. Cada residencia tiene que
tener su propio impreso (con las cláusulas,
condiciones de pago, etc. claramente definidas) y en
ningún caso admitirá a residentes que
no acepten libremente su traslado. En caso de falta
de pago, o conductas que afecten gravemente a la buena
convivencia con los otros residentes o la normal actividad
del establecimiento, la residencia podrá resolver
el contrato previa comunicación a la Comunidad
Autónoma correspondiente. La existencia de un
reglamento de régimen interior también
acredita la seriedad y legalidad de un centro.
Precios.
Además de los documentos que se han mencionado,
una residencia privada necesita tener, autorizada y
puesta al día, una lista de precios. Pero, !mucha
atención!, los precios que figuran en esta lista
son los máximos permitidos -porque también
aquí interviene la Administración para
controlar y evitar los abusos-, pero eso no quiere
decir que no pueda usted negociar sobre esas cifras.
En otras palabras, regatear.
Los precios por persona oscilan entre 150.000 pesetas
(en habitación doble compartida) y 400.000 (en
habitación doble para uso individual) pero dependerán
siempre de las condiciones del centro y de los servicios
que en él se presten. Cuantos más extras
(hidromasaje, piscina, biblioteca, solarium, cocina
propia, sala de conciertos, etc.), mayor precio.
Tenga en cuenta, a la hora de regatear, las plazas que
el centro tiene disponibles en esos momentos. Hasta
no hace mucho tiempo, estas residencias estaban llenas,
pero la crisis ha dejado muchos hogares a medio gas
y se necesitan las pensiones de los ancianos para llegar
a fin de mes. Estudie también la eventualidad
de pagar extras; en ciertas residencias, la rehabilitación
o la fisioterapia -prestaciones obvias tratándose
de la tercera edad- se consideran un extra, mientras
que en otras sólo se pagan aparte los servicios
estrictamente complementarios, como la odontología
y la peluquería.
Ventajas.
Hay que reconocerlo: son muchísimas. Quizás
la más importante sea la flexibilidad, en términos
generales, que impera en estas residencias, tanto si
hablamos de oferta y precios como de disciplina. Las
residencias privadas ofrecen alternativas realmente
interesantes, como la de convertirse en residencias
de día (los ancianos van por la mañana
y vuelven a sus casas por la noche, de forma que no
se desvinculan del todo del calor familiar) o en residencias
temporales (un anciano puede pasar allí un mes,
dos o el tiempo que él decida, y ver así
si se adapta al lugar o si prefiere volver a casa o
buscar otra residencia).
Una residencia de día (con las tres comidas
y la misma atención que se dispensa al resto
de los ancianos) cuesta entre 2.500 y 3.000 pesetas
diarias, es decir, unas sesenta mil pesetas al mes,
si no contamos los fines de semana.
La flexibilidad significa también una disciplina
muy suave. Nadie madruga, si no quiere, no hay que
comer o cenar a unas horas determinadas, no hay horarios
de visita (los familiares y visitantes pueden permanecer
en la residencia el tiempo que deseen, e incluso comer
o cenar allí junto a los residentes) y todo
el mundo se mueve con una mayor libertad.
Ambiente.
No sólo el lujo o la calidad de los servicios
diferencian a una residencia de otra. Cada una tiene,
además, su personalidad, su clima. Si quiere
que el futuro usuario se sienta cómodo de verdad,
búsquele un lugar a su medida, es decir: un
ambiente familiar y entrañable si se trata de
una persona sencilla y comunicativa; un entorno formal,
si el interesado ama y respeta las formalidades (por
ejemplo, hay residencias en las que se llama a los
usuarios de usted, mientras que en la mayoría
prevalece el tuteo); un buen equipamiento deportivo,
si es de los que no saben vivir sin el deporte... En
definitiva, búsquele un hábitat apropiado.
Su satisfacción y confort, mientras dure su
vida, dependen de ello.